Cerró la semana con el aborto de la “Operación Cajas” de Amlo, igual que la también fallida de más de una década atrás.
Esta vez no tuvo de su lado, como hace 11 años, al gobierno federal (de Zedillo) para llenar las cajas llegadas —“anónimamente”— a manos de Amlo, con documentos que real o supuestamente incriminaban a su vencedor en la elección de gobernador de Tabasco, con el propósito de revertir aquella derrota en las urnas.
Pero tuvo de su lado ahora —para tratar de evitar el próximo 2 de julio una nueva derrota en las urnas— la acción criminal (sujeta a sanciones penales y administrativas) de los funcionarios a su servicio en el Gobierno del DF.
Y a tres domingos, a partir de mañana, de la jornada electoral, Amlo enfrentará en la recta final de su campaña la acusación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Distrito Federal, bajo control del propio candidato perredista, de allegarle información fiscal bajo reserva legal, para que la utilizara —en el debate presidencial— contra el abanderado panista, Felipe Calderón Hinojosa.
“De acuerdo a la investigación realizada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria) para este caso, y corroborada con lo hasta hoy publicado en la página electrónica www.amlo.org.mx, se desprende que la información que fue revelada en el segundo debate presidencial se obtuvo a través del Gobierno del Distrito Federal”, informó Hacienda ayer al límite del cierre de la actividad semanal.
Y —continúa la información oficial— el Servicio de Administración Tributaria presentará ante el Ministerio Público de la Federación la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos que se atribuyen a funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, que hayan participado, y contra funcionarios federales, si los hubiere, para deslindar responsabilidades administrativas y penales.
Ya le había resultado llamativo a Consultores en Información y Análisis de Medios (CIAM) que entre los aliados frecuentes de Amlo en los medios se mantuviera latente ayer, hasta las primeras horas de la tarde, la preocupación por la posibilidad de que se le revirtiera el caso Hildebrando, por las vulnerabilidades que mostraban las acusaciones contra la familia política del candidato panista. “La había manifestado (la preocupación, sigue CIAM) Carmen Aristegui por la mañana y más tarde José Gutiérrez Vivó”, un punto “especialmente significativo —reforzaba la consultoría— si se toma en cuenta que ellos emprendieron una investigación periodística del asunto”.
De nuevo en la zona de la ilegalidad
Y la preocupación por Amlo no era para menos, si esa investigación los estaba conduciendo no sólo a confirmar la debilidad de las acusaciones contra Calderón y su familia, sino a descubrir el alto costo que veían venir por los delitos presuntamente cometidos para obtener una información fiscal sin mayor poder destructivo real.
Era el costo de ver entrar al candidato perredista, una vez más, en la zona de la ilegalidad, el patrón de conducta generador de los indicadores consistentemente más negativos para él en las encuestas de preferencias electorales.
“Esta es la segunda ocasión —recordaba incluso el boletín de Hacienda— en que el Gobierno del Distrito Federal infringe la secrecía obligada en asuntos de esta naturaleza. Cabe recordar —explicitaba la SHCP— el caso de Gustavo Ponce Meléndez cuando el entonces Jefe de Gobierno también reveló información protegida por el secreto bancario, por la reserva de una averiguación previa y por un convenio internacional”, destacó la dependencia.
Pero además del flanco de la ilegalidad, Amlo abría otro acaso más letal: un nuevo motivo de temor de los que ha enumerado en sus geniales cartones Paco Calderón como surgidos directamente de los mensajes y las conductas de Amlo, aunque éste luego los atribuya a una supuesta campaña del miedo organizada por “los de arriba”. El mensaje de temor enviado con esta conducta de Amlo se remite a todo particular y no sólo a los empresarios. Hoy cualquiera puede verse ante el riesgo cierto de ver exhibida su información fiscal como arma política. Si Amlo actúa ahora así con la información a la que tiene acceso el GDF por el convenio de colaboración que mantiene con la SHCP, qué no hará cuando tenga el control total de la Hacienda nacional.
El anuncio de la denuncia penal del SAT se vino a unir a la demanda civil presentada ayer mismo, antes de mediodía, por Diego Hildebrando Zavala, el cuñado del candidato panista, quien así inició un juicio ordinario por daño moral. Lo que se propone, dijo el demandante, es obtener un reconocimiento de Amlo de que mintió en el debate televisivo al afirmar que se otorgaron 2 mil 500 millones de pesos en contratos a la empresa Hildebrando en el periodo en que fue secretario de Energía, Felipe Calderón, de septiembre del 2003 a mayo del 2004.
Y aquí se registró otro episodio que acarreará nuevos costos de temor a una eventual presidencia de Amlo. Como si el demandante llegara a un juzgado de Turquía a declarar su infidelidad a la religión oficial, lo recibieron en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal decenas de perredistas y clientelas de los programas sociales de Amlo, gritando consignas de apoyo a su candidato presidencial e insultando al familiar del candidato panista. Y como si el episodio saliera del clásico de Otto Kirchheimer, Justicia Política, que recoge las peores aberraciones históricas en este tema, un empleado de los juzgados apremiaba al demandante a escuchar al pueblo. “Acepta una auditoría, que se haga un estudio, desde la iniciación de la empresa, a ver cómo está”, reclamaba el sujeto, que se negó a identificarse pero que aceptó ser militante del PRD, publicó Reforma online.
Cajas vacías y lluvia de desmentidos
A diferencia del PRI de hace once años, que vio sin pestañar la “Operación Cajas” de Zedillo y Amlo contra el ya en funciones gobernador de Tabasco, el PAN frustró esta vez el nuevo operativo perredista de entrega espectacular de cajas que supuestamente incriminaban a Calderón y su familia. Los secuaces de Amlo fueron sorprendidos con la presencia de un notario que daría fe de lo que se entregaba. Los panistas recalcaron que el PRD no aportó un solo documento que probara alguna irregularidad de Calderón. “Que quede constancia que los señores no han presentado ningún contrato que contenga la firma de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”, le exigió uno al notario. “Las cajas están vacías”, comenzó a decir Alejandra Sota, coordinadora de encuestas de la campaña panista. “Mentirosos, mentirosos”, les gritaban otros, a los representantes de Amlo, que tuvieron que salir corriendo de la sede del PAN.
Y, a la exhibición a la que expuso Inverlat a Amlo el jueves al denunciar a sus publicistas por haber mutilado un documento bancario con la pretensión de comprobar el tráfico de influencias no sólo del cuñado, sino del propio Calderón, se unió ayer, al finalizar la semana, el desmentido del Instituto Federal Electoral (IFE) de la supuesta adjudicación de contratos o de la realización de pago alguno a la empresa Hildebrando. Esa compañía —remató el IFE— tampoco tiene participación directa o indirecta con los trabajos de implementación y operación del PREP.
El Economista online, por su parte, difundió que Ángel López Mendoza, vocal secretario del IFE, acusó a Amlo de violar el Código Electoral al calumniar a Calderón por el caso Zavala, a lo que se agrega el papel más activo que ha comenzado a desempeñar el sector privado, para protestar por la acusación de Amlo de que las grandes empresas no pagan impuestos.
jose.carreno@uia.mx